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Jueves, 28 de Marzo de 2024

Ministerios públicos, obligados a proteger a mujeres agredidas: PGJ

El fiscal general de Derechos Humanos, Enrique José Flota, ofreció una conferencia en Huauchinango
Sábado, 28 de Noviembre de 2015 12:13

Huauchinango, Pue.- En casos de violencia contra las mujeres los Ministerios Públicos están obligados a garantizar la integridad de las víctimas y ejercitar medidas de protección, incluso antes de iniciar sus investigaciones, dijo Enrique José Flota, fiscal general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), por lo que las llamó a “dar la cara” y denunciar estos hechos.

Durante una conferencia dictada para conmemorar el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el funcionario indicó que la tarea más importante para poner fin a este mal enraizado en la sociedad es visibilizarlo, atreverse a contarlo, a denunciarlo, como hicieron Verónica y María Magdalena, pobladoras de Huauchinango que se asumieron como violentadas y dijeron no estar dispuestas a vivir en una situación similar y son atendidas y acompañadas por el DIF municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres.

“Dar la cara es un gesto de atrevimiento y de valor”, reconoció Flota quien habló de la manera en que el derecho a tener una vida libre de violencia es un derecho humano reconocido y protegido por la Constitución mexicana, luego de que la reforma de 2011 hiciera de observancia obligatoria a los tratados internacionales como la Convención de Belem do Pará.

El funcionario estatal destacó que entre los principales cambios a la ley que se han dado en el estado, está la realizada al artículo 54 del Código Penal que establece las obligaciones de los Ministerios Públicos para evitar que las mujeres que son sometidas a violencia física, sicológica, sexual o económica, vuelvan a ser maltratadas, incluso por los propios empleados públicos encargados de la impartición de justicia.

Para evitar que haya una “revictimización” de las mujeres, los MP tienen la obligación de dictar órdenes de protección para garantizar integridad de víctimas de la violencia, “incluso antes de investigar”,  obligar al agresor a que repare el daño, a actuar objetivamente sin discriminar a las mujeres maltratadas por su vestimenta, condición socioeconómica o por su actividad cotidiana.

“Somos producto de una cultura machista en la que no permitimos que nos toquen a nuestras mamás, pero no actuamos de la misma manera con otras mujeres, incluida nuestra esposa y debemos evitar esta situación porque los feminicidios son la expresión última de una línea continua de violencia hacia las mujeres”, señaló.

El funcionario ponderó la propuesta enviada al Congreso estatal por el gobernado Rafael Moreno Valle para considerar a la reincidencia en los golpes hacia las mujeres, como una tentativa de homicidio, por lo que las penas privativas de la libertad irían de 23 a 40 años de prisión.

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