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Jueves, 25 de Abril de 2024

Ubican con reos peligrosos a edil de Chalchihuapan

A sus familiares y defensores preocupa que las condiciones de reclusión no sean las adecuadas
Sábado, 22 de Noviembre de 2014 15:53

Javier Montes Bautista, edil de San Bernardino Chalchihuapan, ya rindió su declaración preparatoria y fue trasladado al dormitorio de máxima seguridad dentro del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

Ministeriales capturan a edil auxiliar de ChalchihuapanDetienen a 5 en Chalchihuapan durante la madrugadaEl presidente auxiliar fue aprehendido el viernes a las 4:00 horas en Atzitzihuacan bajo cargos de tentativa de homicidio, ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad y motín.

Alejandro del Castillo, uno de los abogados de Javier Montes Bautista, comentó que si bien el presidente auxiliar no sufrió agresiones físicas o verbales al momento de ser detenido, a sus familiares y defensores preocupa que las condiciones de reclusión no sean las adecuadas.

Indicó que el edil está confinado en el dormitorio “Z”, que es donde se encuentran los delincuentes de alta peligrosidad, cuestión que no debería ser porque no se ha definido su situación jurídica y debe permanecer en la estancia de ingreso.

Cabe mencionar que el edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, también se encuentra en el dormitorio “Z” y además es otro de los opositores a la reforma a la Ley Orgánica, incluso interpuso un amparo en contra, al igual que su homólogo de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, quien también está preso desde el 17 de octubre.

Asimismo Del Castillo dijo que Javier Montes ya rindió su declaración preparatoria pero no ha tenido acceso al proceso, pues las autoridades judiciales “lo están trabajando constantemente”, pero en cuanto hagan el estudio más afondo de las acusaciones procederán, tal vez, con un amparo.

Araceli Bautista, madre de Javier, denunció este viernes que el gobierno estatal, a través de presuntos integrantes de una organización civil, le puso una trampa para detenerlo, pues el 18 de octubre cuando policías ministeriales entraron a Chalchihuapan para llevarse a cinco pobladores no lo encontraron.

Javier Montes es uno de los principales opositores a la reforma de la Ley Orgánica Municipal, que impide a los ediles adjuntos realizar acciones de juez civil, y uno de los líderes de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), que agrupa a más de 200 comunidades.

Lo vinculan con crimen organizado

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) vinculó a Montes Bautista con integrantes del crimen organizado, ya que refiere que su padre, Pedro Crisósforo Montes García  y/o Javier Montes García y otros familiares están presos por operar un laboratorio de drogas clandestino.

De manera textual el comunicado dice:

“Además de los actos fuera de la ley vinculados de manera directa a Jairo Javier Montes Bautista, se tiene el antecedente de que el hoy detenido tendría relación con una red delictiva encabezada por su padre, Pedro Crisósforo Montes García  y/o Javier Montes García, su tío Calixto Montes García y su primo Pascual Xelhua Montes, todos ellos permanecen en prisión por el delito de delincuencia organizada y otros, considerando que el 10 de julio de 2012, la Policía Ministerial del Estado de Puebla, localizó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas que eran trasladadas a otras entidades y a Estados Unidos. La base de operación del laboratorio de drogas, era el rancho “El Pitayo” ubicado en  inmediaciones de Chalchihuapan,  y propiedad del progenitor de Jairo Javier Montes Bautista”.

Asimismo el documento señala que el edil de Chalchihuapan fue “uno de los principales incitadores a la violencia” durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, donde el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido de muerte por el impacto de una lata de gas lacrimógeno lanzada por policías estatales.

En ese sentido organizaciones sociales y familiares del edil adjunto emitirán un posicionamiento por los señalamientos que hace el gobierno estatal, los cuales consideran falsos.

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