Documenta TPP casos de tortura en Puebla

Huauchinango, Pue.- Casos de tortura y violaciones a los derechos de asociación, de libertad de movimiento, al debido proceso, al trabajo, al medio ambiente y a los colectivos de los pueblos indígenas cometidos contra habitantes del estado de Puebla, fueron documentados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en su sentencia del caso México.  

Acusan tortura contra edil de Canoa preso en San MiguelCadáver de hombre torturado es encontrado en AmozocDe acuerdo con la resolución, las víctimas de la violación de esos derechos en la entidad son la “Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre” (UPVA 28); los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) aglutinados en el SME cuya principal hidroeléctrica se encuentra en el municipio de Juan Galindo (Necaxa) y los indígenas que habitan las sierras Norte y Nororiental.

Tras tres años de audiencias, el TPP emitió su resolución en el proceso denominado “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México”. El jurado final estuvo integrado por monseñor Raúl Vera; el magistrado honorario en la Corte de Casación en Francia Philippe Texier; el experto en estudios sobre Genocidio Daniel Feierstain y por Andrés Barreda, economista y sociólogo.

Luego de analizar cerca de 500 casos, el Tribunal indicó que debido a las “extrema gravedad” de las violaciones de derechos humanos en el país, puede hablarse de una “crisis humanitaria generalizada, que afecta a muy amplios sectores de la población y que ha llevado a una situación de crisis de Estado”.

Aunque el Tribunal, creado a raíz de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976, reconoce que sus sentencias son meramente morales, afirma que garantizan la representatividad efectiva de las personas “huérfanas de derechos y víctimas sin esperanza de reconocimiento y reparación”.

Puebla en la sentencia

El documento de 97 páginas, dado a conocer este miércoles, precisa que pudo comprobar la práctica sistemática de la tortura, “propiciadas y realizadas por agentes de Estado” que siguen patrones comunes, como el infligido a los dirigentes de la UPVA 28, quienes en 1984 fueron detenidos “arbitrariamente, (fueron) vendados de los ojos, custodiados, trasladados a salas especiales donde se produce la tortura, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza, para asfixiarlos, además de golpearlos constantemente”, exigiéndoles se declaran culpables de diversos delitos.

Los miembros de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”, determinó el TPP, fueron lesionados en su derecho a la libertad de movimiento y asociación, “pese a que está reconocido en el artículo 9 de la Constitución” mexicana, cuando fueron criminalizados por coligarse para buscar “mejores condiciones de vida, protestar por sus derechos y reclamar justicia”.

En el caso de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, empresa cuya extinción fue decretada en octubre de 2009 por el gobierno de Felipe Calderón, los jueces consideraron que se violó su derecho al trabajo y al debido proceso y acceso a la justicia ya que “no pudieron ejercer su derecho a la defensa, no fueron escuchados y algunos miembros del SME fueron encarcelados sólo por ejercer su derecho a la protesta.

En el caso de los pueblos indígenas, sentenció el TPP se ha violado su derecho a un medio ambiente sano reconocido en el Artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que los protege de los “despojos masivos de territorios que las empresas privadas requieren para el aprovechamiento irracional que hacen de los recursos naturales del país, su saqueo voraz y la especulación con los potenciales negocios derivados”.

Las denuncias presentadas al Tribunal sobre la devastación ambiental describen problemas sociales en 433 municipios de 21 entidades federativas del país -entre ellos 31 de la sierra Norte de Puebla donde se han entregado concesiones mineras e hídricas-,  en los que habitan unos 40 millones de personas, esto es, una tercera parte de la población de México.

De acuerdo con el TPP, basado en datos de Profepa, en los 632 días transcurridos entre el 1 de diciembre de 2012 -en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país- y el 25 de agosto de 2014, se registraron mil 124 emergencias ambientales, 45 por ciento de las cuales, fueron atribuibles a Petróleos Mexicanos y el resto a empresas privadas, principalmente químicas, petroquímicas y mineras, con mayor incidencia en los estados de Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla –aquí se refiere explícitamente a la petrolera estadunidense Halliburton que trabaja en el yacimiento Paleocanal de Chicontepec y a la empresa Humeros de Chignautla, en la sierra nororiental-, y Tabasco.

Las recomendaciones

El TPP recomienda a la sociedad mexicana resistir, luchar y solidarizarse con los pueblos agredidos, y avanzar en la refundación del país a partir de garantizar la vigencia y respeto a los derechos humanos, reconstruir el tejido social para afrontar los impactos de la violencia que se condensó en “uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico” de México con el asesinato de algunos y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

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