Xochitlán, Pue.- Inconformes con el proyecto de la hidroeléctrica San Antonio, encabezados por Francisco Aceves, indicaron que ejecutivos de la empresa Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. (GESA) citaron a las autoridades de los municipios de Zapotitlán de Méndez, Xochitlán de Vicente Suárez, Atlequizayan, Nauzontla y Zoquiapan a reunirse con ellos a las 10 de la mañana del próximo jueves en el restaurante “El Balcón” de Zacapoaxtla, donde pretenden llegar a un acuerdo para el inicio de sus actividades en la zona y que “le den la espalda al pueblo”.
Prepara SME caravana para recuperar la hidroeléctrica NecaxaEl proyecto de la hidroeléctrica en Olintla ya fue cancelado: Grupo MéxicoAceves indicó que a pesar de que GESA se comprometió el año pasado ante la Semarnat y el Comisionado Nacional para los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, a cesar sus actividades, incluidas las de difusión, sus ejecutivos han continuado su intento de “engañar a las comunidades, ahora por medio de un video que está lleno de mentiras”.
Por ejemplo, citó, “se dice que la consulta sobre la aceptación o rechazo de la hidroeléctrica se debe hacer a algunos comités y no a todos los habitantes indígenas de los pueblos afectados y hasta citan el Convenio 169 de la OIT, para confundir a las comunidades. Que no se afectará el cauce de los ríos Zempoala y Ateno, ni nuestra vida. Además de que la energía que van a producir será distribuida por la CFE en nuestros pueblos y no se usará en la minería”.
“Usan palabras en nuestra lengua, nuestra música y hasta se plagiaron fotografías y tomas de organizaciones opositoras a los proyectos de muerte y eso también tiene encabronada a la gente”, agregó.
En junio de 2013, el representante legal de GESA José Eduardo Espino Arenas, acordó con la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) detener sus actividades hasta que fueran consultados los habitantes de los pueblos involucrados en su proyecto, durante una reunión en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) en la ciudad de México.
Hasta ahora, dijeron los denunciantes, aún no se realiza la consulta ni las asambleas informativas en todos los pueblos para que la gente esté enterada de en qué consiste la hidroeléctrica e insistieron que debe respetarse ese derecho.
Arma de defensa
De acuerdo con el abogado Francisco López Bárcena “la consulta a los pueblos originarios se ha vuelto un arma importante en la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, contra los proyectos que afectan la vida de los pueblos, pero lo principal es estar organizados”.
Agregó que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, la consulta es una obligación del Estado ante la puesta en marcha de algún megaproyecto y en ella deben participar únicamente los miembros de los pueblos indígenas para que a través de ella manifiesten la forma en que quieren vivir.
Sin embargo, según explicó el abogado, varias leyes en nuestro país han sido modificadas para favorecer a las empresas, como la ley de aguas, la ley de minas y la ley de vida silvestre que avala la modificación de la cadena genética de las plantas.
El gobierno ha dicho que ha permitido la explotación de los recursos naturales porque “van a traer desarrollo, progreso, trabajo y capital para inversión. Y sí hay trabajo, pero para pocos y por poco tiempo. El problema es que una vez que las empresas entran, el gobierno ‘las deja hacer’”, agregó.
El proyecto
De acuerdo con la empresa, con la construcción de la hidroeléctrica San Antonio se pretende generar 37.6 MW de energía eléctrica, por lo que construirán dos obras de toma sobre los ríos con una altura aproximada de seis metros, una casas de máquina con seis y dos tuberías Pelton, tres líneas de transmisión de 384, 2 mil 936 y 6 mil 620 metros de postes, respectivamente.
El poblado más cercano a la hidroeléctrica es San Antonio, en Santecomata municipio de Xochitlán de Vicente Suarez, y está situado a unos 800 metros lineales y a unos 200 metros de altura de la obra de toma que del cauce que, se mantendrá al mismo nivel.
Los trabajos implicarían el cambio de uso de suelo en poco más de 16 hectáreas lineales del terreno, en las que habrá “remoción” de la capa vegetal que “no es un bosque”, aseguraron los biólogos de GESA.
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