Venustiano Carranza, Pue.- Hasta 140 kilómetros tienen que recorrer los habitantes del municipio de Venustiano Carranza, en la sierra baja poblana, para interponer una denuncia penal debido al cierre de las oficinas de Procuraduría General de Justicia (PGJ) que está por cumplir dos meses, por lo que tienen que acudir a Zacatlán.
Sin aviso previo, cierran oficinas del MP en la sierra norte de PueblaLiberan a dos presos mediante juicios orales en HuauchinangoSegún el presidente municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, cuando se perpetra algún delito y se requieren los servicios de un fiscal, los demandantes deben acudir a la cabecera municipal de Zacatlán, ubicado a 144 kilómetros distancia, un viaje que hacen en unas tres horas en transporte público o más. Si les va bien, tienen que ir a La Mesa de Metlaltoyuca, en Francisco Z. Mena, “pero regularmente está muy ocupado”, dijo el edil.
La demarcación permanece sin el servicio desde el pasado domingo 08 de junio, fecha en la que los agentes de Ministerios Públicos de Venustiano Carranza, Xicotepec y Huauchinango, fueron retirados de estos puntos y prestar servicio. Sin embargo las oficinas de los dos últimos municipios mencionados fueron reabiertas, ante las protestas de la población.
En entrevista, el alcalde, señaló que después de un dialogo con el personal de la Procuraduría General de Justicia, se acordó que en ocho días el servicio regresará pero ya no a la oficina ubicada en la junta auxiliar más grande de la demarcación Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), sino que se instalará en el edificio que ocupa como sede la presidencia municipal en la cabecera de Venustiano Carranza, mejor conocida como Agua Fría.
La Uno, es la junta auxiliar con mayor cantidad de pobladores del municipio, incluso aún más que la cabecera, pero “por las modificaciones que se están haciendo en la presidencia, quedará más amplia y cabe perfectamente la agencia del Ministerio Público”, explicó el alcalde.
La medida servirá para dar respuesta a las condiciones que puso la PGJ, al pedir que fuera la comuna la que pagara la renta del inmueble y garantizara el servicio de la agencia del Ministerio Público en la demarcación, pero aún no hay respuesta de la dependencia estatal.
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