Respaldan ediles auxiliares solicitud de juicio político contra Moreno Valle

Esclarecimiento del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y la liberación de 31 presos políticos, son parte del pliego petitorio que llevarán el lunes los presidentes auxiliares que se manifestarán el próximo lunes en el Congreso de la Unión.

Pide Moreno Valle al Congreso abrogar Ley Bala tras muerte de menorSe pronuncian organismos nacionales contra Ley Bala de PueblaPreviamente, los 200 ediles sumados a la Coordinación Estatal en Defensa de los Derechos y la Identidad de los Pueblos (Cedip) sostendrán una asamblea general el sábado a las 10:00 de la mañana en San Bernardino Chalchihuapan, para analizar la situación del estado tras la muerte del menor.

La caravana que saldrá de la caseta de San Martín Texmelucan también buscará entablar una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de solicitar su intervención ante los casos en que se ha utilizado a la justicia para detener a líderes sociales.

Los subalternos tenían programada esta movilización desde el lunes de esta semana, sin embargo, fue pospuesta tras el deceso del menor que resultó herido en el enfrentamiento con policías estatales la tarde del 9 de julio sobre la autopista a Atlixco.

A la par, este jueves el vicepresidente de la Cámara alta, Luis Sánchez Jiménez, anunció que además del juicio político y demanda penal en contra del gobernador de Puebla, el PRD solicitará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de las violaciones "recurrentes y sistemáticas" a los derechos humanos en este y otros casos por parte del gobierno del estado.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, presentó un informe de los casos de la "Ley Bala" y San Bernardino Chalchihuapan ante el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las que se solicitó su intervención para la protección de las garantías individuales de las víctimas.

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